Una nueva reforma migratoria bipartidista daría ciudadanía a 11 millones de indocumentados

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Una reforma migratoria en el Congreso podría beneficiar a millones de inmigrantes.

Una nueva propuesta de reforma migratoria fue presentada el martes por parte de un grupo bipartidista de legisladores. Esta propuesta ofrece vías para que aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos puedan legalizar su estatus en el país. Además, busca reducir el arribo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos mediante el aumento de los fondos destinados a la seguridad fronteriza y la reforma de los procesos para solicitar asilo.

La congresista republicana María Elvira Salazar de Florida y la demócrata Verónica Escobar de Texas presentaron el proyecto de ley llamado “Ley de Dignidad 2023”, según un comunicado de prensa conjunto emitido por ambas legisladoras.

Las congresistas aseguraron que iniciarán conversaciones con los dos partidos para garantizar la aprobación de la medida tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Salazar, representante del distrito 27 de Florida, expresó que este paquete legislativo representa un momento “histórico” en el que “dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país”. El objetivo de la propuesta es otorgar “dignidad a los indocumentados”.

Según la propuesta, las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en EE. UU., que hayan vivido en el país durante cinco años y no tengan antecedentes penales, podrían acceder a un programa que les otorgaría permiso de trabajo y de viaje por siete años.

Durante este período, los inmigrantes deberían pagar $700 dólares al año al gobierno, totalizando $5,000 dólares en los siete años. Además, las personas deberían someterse a una verificación de antecedentes penales y cumplir con sus obligaciones tributarias.

La congresista explicó que estos fondos se destinarían a “asegurar la frontera” y compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido desplazados en el trabajo por inmigrantes indocumentados.

Durante el período de “estatus de dignidad”, las personas no podrían acceder a servicios o programas sociales, señaló Salazar. Después de completar los siete años requeridos, deberían esperar otros cinco años para solicitar la ciudadanía estadounidense.

El proyecto de ley también contempla establecer un camino hacia la ciudadanía para las personas que se encuentren en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Dreamers) y para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Evitar que los inmigrantes que solicitan asilo “desaparezcan” es otro objetivo de la llamada “Ley de Dignidad”. Propone la apertura de instalaciones conocidas como “campus humanitarios” donde las personas que busquen acceder al asilo permanecerían mientras se resuelve su caso por parte de un funcionario migratorio. Los migrantes serían retenidos en estos centros durante un máximo de 60 días, con acceso a servicios alimentarios y de salud.

Según las congresistas, esto evitaría que los inmigrantes “desaparezcan” en el sistema como indocumentados al no presentarse ante un tribunal migratorio cuando

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