Andrés Manuel López Obrador

Foto: de Capital México.

El pasado domingo 10 de abril se realizó, por primera vez en la historia de nuestro país, una consulta popular de revocación de mandato, en este caso, aplicable al titular de la Presidencia de la República.

Este ejercicio de democracia directa se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República, reformada para tal efecto durante y a instancias del gobierno de AMLO, y de la ley reglamentaria correspondiente. En esta consulta participaron poco menos de 17 millones de ciudadanos, un 18% del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal del padrón electoral nacional, en una jornada precedida por un enrarecido ambiente político caracterizado por los intentos de sabotaje de los opositores al gobierno de la 4T.

Los resultados de la misma han dado pie a una nueva confrontación entre las dos grandes corrientes políticas que protagonizan la vida nacional: los impulsores de la 4T y sus detractores, capitaneados éstos últimos, claramente, por la oligarquía nacional. Esta confrontación se da en torno a la interpretación que de dichos resultados hacen una y otra corriente y que apunta en direcciones completamente opuestas.
¿Quién dice la verdad? Para dilucidar esta cuestión es preciso señalar que, como se establece en la moderna teoría del conocimiento, los seres humanos no captamos directamente los hechos que observamos y que pretendemos conocer, sino que esta captación está mediada por nuestra subjetividad, esto es, por nuestra forma particular de ver la realidad. En efecto, en la interpretación de los hechos que observamos influyen nuestra formación, nuestras creencias (políticas, religiosas o de cualquier tipo) que son el resultado de nuestro andar por la vida. Así, un mismo hecho es interpretado de diversas maneras, tan diversas como lo permite la diversidad social.

En el campo de la política, los hechos son, en consecuencia, interpretados a partir de las posiciones ideológicas y los intereses políticos de los diversos grupos o corrientes políticas existentes en un contexto determinado. No es de extrañar pues que los hechos relacionados con la revocación de mandato merezcan interpretaciones diversas e incluso, antagónicas.

Es natural entonces que para los opositores al gobierno del cambio la consulta y sus resultados sean juzgados negativamente. Para ellos, la consulta “ha sido una farsa” y sus resultados constituyen “un rotundo fracaso” de la 4T. Su juicio parte de su postura ideológica y de sus intereses políticos. Respecto de la primera, hay que destacar que son enemigos declarados de la democracia participativa; su modelo de democracia es la democracia representativa, un modelo que históricamente surge con el capitalismo y que rápidamente adquirió un diseño en el que el pueblo es desplazado por las élites de la sociedad mediante arreglos institucionales que redujeron su participación única y exclusivamente al acto electivo y que garantiza la dominación de las élites y la reproducción de las relaciones sociales existentes.

Consideran que los mecanismos de democracia participativa y de democracia directa constituyen un riesgo para su posición de privilegio en virtud de que, aseguran, el empoderamiento del pueblo tarde que temprano llevará a una transformación de las relaciones sociales y acabarán con su dominación y privilegios. Les espanta que el empoderamiento del pueblo abra paso a una “dictadura de las mayorías”, es decir, de los pobres, de los desposeídos, de los ignorantes, que es como ellos ven al pueblo trabajador.
En relación con los segundos, los opositores han declarado una y otra vez que su propósito principal es descarrilar al gobierno de la 4T para recuperar el gobierno. Su acción política se acerca más a una oposición irracional que a una oposición constructiva. Se oponen a todo y critican todo, generalmente sin fundamentos suficientes, y buscan por todos los medios de llevar al fracaso las políticas gubernamentales. En ese sentido, la consulta de revocación de mandato, en la coyuntura actual del país caracterizada por el innegable apoyo de la mayoría de los mexicanos a la gestión del Presidente López Obrador, va claramente en contra de sus intereses políticos.

Considerando estos dos aspectos, es evidente que el resultado de la votación en la consulta de revocación de mandato no podía sino recibir un juicio negativo por parte de la oposición.
Ahora bien, por parte de los impulsores de la 4T, nuestra postura ideológica parte de la necesidad de llevar a cabo un cambio verdadero de la sociedad mexicana, lo cual pasa por lograr un cambio de régimen cuya característica principal es que el pueblo recupere el poder. En ese sentido, la consulta de revocación de mandato es un instrumento para avanzar hacia una democracia radical, en la que los mecanismos de democracia directa y democracia participativa complementen a los de la democracia representativa. Esta circunstancia despojaría definitivamente el poder político a las élites políticas y económicas y perderían sus privilegios.

En cuanto a los intereses políticos de la 4T, avanzar en la consolidación de estos mecanismos de democracia directa y participativa es un objetivo que nos acerca a la meta principal del cambio de régimen y a garantizar que sea el pueblo quien mande y determine el rumbo de la vida nacional.
Es por tales razones que, evidentemente, los resultados de la jornada del 10 de abril son, para los simpatizantes y militantes de la 4T, positivos, toda vez que éstos se obtuvieron a pesar de la intensa campaña de sabotaje instrumentada por los partidos de oposición, por la cúpula empresarial del país y por las propias instituciones electorales, tales como el INE y el Tribunal Electoral. Fue una consulta que no contó con los suficientes medios de información y difusión que permitiera estimular la participación ciudadana. El INE instaló solo un tercio de las casillas que se instalan en una elección constitucional con lo cual se impuso una limitación muy importante a la posibilidad de que la ciudadanía ejerciera su derecho a emitir su opinión en la consulta. El tribunal electoral impuso limitaciones para que un sector de la ciudadanía que presta sus servicios en la administración pública pudiese promover abiertamente la consulta, limitando en la práctica sus derechos políticos. La veda, la censura, la amenaza y la sanción fueron recurrentes en la actuación de las instituciones electorales configurando así una postura de franca oposición a la consulta, El árbitro que debiera ser neutral, en los hechos militó contra la consulta al lado de la oposición.

En tales circunstancias los casi 17 millones de votos emitidos constituyen un verdadero triunfo que echó por tierra el propósito de reducir la participación ciudadana en la revocación de mandato a los niveles alcanzados en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Son, en esta ocasión, más del doble que votos emitidos en esa ocasión y, seguramente si todas las casillas se hubiesen instalado, el nivel de participación hubiese sido mucho mayor.

¿Es descabellado afirmar que si se hubieran instalado el triple de casillas la votación habría por lo menos duplicado la votación lograda y tal vez alcanzado el porcentaje que la ley de revocación establece como condición para hacer vinculante el resultado de la consulta?

Es evidente pues que no hay manera de que la lectura que de este hecho hace la oposición, pueda siquiera acercarse a la que hacemos los que apoyamos la 4T. ¿Quién dice la verdad? Cada corriente dice “su verdad”, ¿Usted qué opina? A su juicio, ¿Quién tiene razón? ¿La oposición que sostiene que fue un fracaso o la 4T que sostiene que fue, dadas las condiciones adversas en que se realizó, una victoria, un avance muy importante hacia una auténtica democracia en donde quien mande no sean las élites sino el pueblo?

Autor:

Armando Duarte Moller

Doctor en Estudios de Desarrollo Global, Sociólogo y académico universitario.
Coordinador Distrital del Partido Morena en Ensenada.
Consejero Estatal de Morena en Baja California.

Twitter: @MollerDuarte

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