Promueve el INFP reformas al Poder Judicial; se suma regidora electa de Ensenada

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Ensenada, Baja California.- Integrantes del Partido Morena están dando a conocer una serie de reformas en materia de justicia que promueve el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, presidenta electa, con el objetivo de transformar profundamente el Poder Judicial Federal.

Para avanzar en esta ambiciosa meta, se están llevando a cabo diversas asambleas, módulos informativos y recorridos en Ensenada, con el propósito de debatir y escuchar las diversas opiniones de la ciudadanía sobre este crucial tema.

Este martes, se celebró una reunión en el tianguis de Chapultepec, liderada por la Regidora Electa, Raquel Esther Manríquez Peña. A este encuentro asistió su equipo de trabajo, con el fin de difundir y detallar las propuestas de reforma judicial.

“Queremos una justicia que beneficie al pueblo, que se actualice en favor de quienes realmente lo necesitan y no solo de los ricos y poderosos”, declaró Manríquez Peña.

La regidora explicó que los módulos de información están diseñados para recoger las opiniones de todos los ciudadanos. “Durante las campañas más recientes, el pueblo pidió una reforma judicial. Es nuestra responsabilidad escuchar y actuar en consecuencia. En esta visita, pudimos ver a un pueblo interesado e informado”, afirmó.

Manríquez Peña destacó que esta actividad está encabezada en el estado por el Secretario de Educación del Comité Ejectutivo Estatal de Morena, Armando Duarte Moller, quien lleva la responsabilidad ante el Instituto Nacional de Formación Política, dirigido por Rafael Barajas, conocido como “El Fisgón”.

Una de las principales propuestas de reforma incluye una modificación al Consejo de la Judicatura, debido a presuntas prácticas de corrupción dentro de la institución. Además, se busca reducir los elevados salarios de algunos magistrados, que Manríquez calificó como “una burla al pueblo de México”.

Otra prioridad de la reforma es agilizar los procesos de justicia penal para que las sentencias se emitan en un plazo promedio de un año, garantizando así una justicia más rápida y eficiente.

Durante la entrega de información, Manríquez subrayó que la resistencia a estas reformas proviene de intereses económicos y políticos que buscan mantener el statu quo dentro del Poder Judicial. “Estamos enfrentando una lucha significativa contra aquellos que prefieren un sistema judicial que perpetúa la desigualdad y la injusticia”, concluyó.

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